La posible impugnación de la futura ley que se está aprobando en la Asamblea Regional corresponde según la Constitución al Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
Para la impugnación de los actos concretos de recorte (opción individual de cada funcionario) ya hay sindicatos que se están moviendo.
